Por elsantaclarinoinforma@yahoo.com.ar
Ayer en la Casa Rosada, frente a un auditorio de 110 diputados y senadores del bloque kirchnerista, la presidenta Cristina Fernández anunció que enviará una ley al Parlamento para autolimitar al Ejecutivo Nacional en su capacidad de reasignar partidas del presupuesto nacional al 5 por ciento del total, en un atisbo a la limitación de los llamados SUPERPODERES.
En un típico discurso de más de 30 minutos la mandataria reconoció que el país "tiene una deuda social importante", por lo que les pidió a los legisladores que debatan sobre posibles remedos para esa deuda. "Creemos que la pobreza se resuelve creando trabajo y no con subsidios, pero sabemos que hay quienes piensan distinto y respetamos todas las ideas". Fue en respuesta un planteo de la oposición que promueve subsidios universales para combatir la pobreza, en especial para los niños y los jóvenes, franja etaria donde el porcentaje de pobres e indigentes alcanzan el 50 o el 60 por ciento.
Si bien este guiño institucional puede ser un tibio avance; bajó el pulgar cuando remató que “Habría que pedirles a aquellos que proponen subsidios por un lado y quita de retenciones por el otro que nos digan de dónde sacamos los recursos".
La respuesta a ese interrogante no es una sola, pero se podría comenzar por marcar de donde no sacar los recursos: en principio no sacarle los recursos a los trabajadores que después de vivir tanto tiempo en la era del hielo de los $200, hoy conquistaron un haber mínimo de $1.500; tampoco sacarle los recursos a los productores: a los tamberos, por ejemplo, que hoy día se le paga entre 75 y 80 centavos el litro, cuando desde el gobierno mismo han reconocido que para que la actividad sea sustentable deberían pagar arriba de $1.10. Menos aun sacarle a las provincias que desde el año 1994 están siendo vaciadas de recursos y sobrecargadas de obligaciones y funciones.
Quizás una de las respuestas se halla más cerca de lo que la primera mandataria cree, quizás con esos $46 millones de patrimonio ‘declarado’ se pueda hacer algo, no sólo, parafraseando a la presidente, se puedan comprar un poco mas de 12.000.000 de kilos de pan francés…; quizás otra respuesta sea avanzar en una reforma impositiva, y en una mesura en los gastos y una reorientación los recursos de manera eficiente al sector productivo.
Un buen gesto de la jefa de estado, ahora faltan las acciones concretas y dotar nuevamente al Congreso de sus genuinas facultades.
Ayer en la Casa Rosada, frente a un auditorio de 110 diputados y senadores del bloque kirchnerista, la presidenta Cristina Fernández anunció que enviará una ley al Parlamento para autolimitar al Ejecutivo Nacional en su capacidad de reasignar partidas del presupuesto nacional al 5 por ciento del total, en un atisbo a la limitación de los llamados SUPERPODERES.
En un típico discurso de más de 30 minutos la mandataria reconoció que el país "tiene una deuda social importante", por lo que les pidió a los legisladores que debatan sobre posibles remedos para esa deuda. "Creemos que la pobreza se resuelve creando trabajo y no con subsidios, pero sabemos que hay quienes piensan distinto y respetamos todas las ideas". Fue en respuesta un planteo de la oposición que promueve subsidios universales para combatir la pobreza, en especial para los niños y los jóvenes, franja etaria donde el porcentaje de pobres e indigentes alcanzan el 50 o el 60 por ciento.
Si bien este guiño institucional puede ser un tibio avance; bajó el pulgar cuando remató que “Habría que pedirles a aquellos que proponen subsidios por un lado y quita de retenciones por el otro que nos digan de dónde sacamos los recursos".
La respuesta a ese interrogante no es una sola, pero se podría comenzar por marcar de donde no sacar los recursos: en principio no sacarle los recursos a los trabajadores que después de vivir tanto tiempo en la era del hielo de los $200, hoy conquistaron un haber mínimo de $1.500; tampoco sacarle los recursos a los productores: a los tamberos, por ejemplo, que hoy día se le paga entre 75 y 80 centavos el litro, cuando desde el gobierno mismo han reconocido que para que la actividad sea sustentable deberían pagar arriba de $1.10. Menos aun sacarle a las provincias que desde el año 1994 están siendo vaciadas de recursos y sobrecargadas de obligaciones y funciones.
Quizás una de las respuestas se halla más cerca de lo que la primera mandataria cree, quizás con esos $46 millones de patrimonio ‘declarado’ se pueda hacer algo, no sólo, parafraseando a la presidente, se puedan comprar un poco mas de 12.000.000 de kilos de pan francés…; quizás otra respuesta sea avanzar en una reforma impositiva, y en una mesura en los gastos y una reorientación los recursos de manera eficiente al sector productivo.
Un buen gesto de la jefa de estado, ahora faltan las acciones concretas y dotar nuevamente al Congreso de sus genuinas facultades.
